27 de Septiembre de 2007
En el sector de las Empresas de Servicios Temporales (EST), que suministran trabajadores a otras empresas, existen 300 compañías piratas.
El viernes de la semana pasada, el presidente Álvaro Uribe se lamentó de que en dos ocasiones el Congreso de la República ha hundido un proyecto de ley para obligar a las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) a afiliar a sus asociados a la seguridad social y pagar los aportes parafiscales.
La queja presidencial se escuchó en Rionegro (Antioquia) en la clausura del VIII Congreso de Acoset, gremio de las Empresas de Servicios Temporales (EST), donde horas antes el gerente de Asistencias Técnicas del Consejo Colombiano de Seguridad, Camilo Silva, había denunciado que existen 300 EST piratas, más de la mitad de las legalmente constituidas.
En los dos casos, los afectados son cientos de miles de trabajadores y sus familias, que por esos caminos terminan en la informalidad laboral, entendida como la ausencia de prestaciones y de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y el no pago de las contribuciones parafiscales al Sena, a Bienestar Familiar y a las cajas de compensación.
Las muchas CTA que hacen intermediación laboral, práctica que expresamente les está prohibida por las normas, las 300 EST de garaje, los miles de contratos de prestación de servicios que se celebran con las entidades públicas, en los cuales el pago de la seguridad social recae sobre el contratista y los empleos permanentes disfrazados de temporales, crearon un mercado de trabajo dominado por la informalidad (más de la mitad de los ocupados que reporta el Dane están clasificados en esta categoría), que les ha permitido a las empresas (privadas y públicas) reducir sus costos.
De paso, las empresas han evitado tener que lidiar con organizaciones sindicales, pues en esas condiciones simplemente no pueden existir, lo que se considera una violación al derecho de los trabajadores a crear sindicatos.
Enderezar esa situación no se ve fácil, pero el Gobierno y los empresarios -seguramente con el apoyo o por la presión de las centrales obreras- tendrán que hacerlo, pues es una de las imposiciones de la bancada demócrata de Estados Unidos como condición para que el TLC negociado con este país tenga chance de ser aprobado por el Congreso.
El de las CTA "es el tema que más me preocupa", confesó el ministro de la Protección Social, Diego Palacio. El abuso de la figura de las CTA para hacer intermediación laboral desvela al funcionario. Un proyecto de ley que les apriete las tuercas, coincidió con el presidente Uribe, "tiene enormes dificultades (de pasar) en el Congreso".
¿A qué obedecen los intentos fallidos de aprobar una ley que les ponga tatequieto a los abusos de las CTA, sobre muchas de las cuales se sabe que son utilizadas para menoscabar los derechos de los trabajadores?
El vicepresidente Jurídico de la Andi, Alberto Echevarría, puede tener la explicación. Al intervenir en la cita de las EST señaló que muchos dirigentes políticos han encontrado en las CTA una forma de hacer clientelismo.
La forma de operar sería la siguiente: el dirigente le ordena o 'sugiere' a una entidad pública o a una empresa que contrate con determinada CTA con la cual tiene nexos. Los costos se reducen en desmedro de los trabajadores, que necesitan de algún ingreso. La clientela se aceita y se mantiene.
De otro lado, según les recordó el superintendente de Economía Solidaria, Enrique Valderrama, a los asistentes al Congreso de Acoset, hay empresarios que impulsan y crean cooperativas y obligan a sus empleados a afiliarse a ellas. Y para que no quedara duda del abuso y la informalidad propiciada por estas organizaciones, dijo que en un foro reciente en el Valle asistieron 700 CTA, pero que en la Supersolidaria solo hay registradas 736.
No es gratuito, entonces, que las centrales obreras vean en las CTA y precooperativas y otras formas de contratación uno de los instrumentos más eficaces que actúan contra la formalidad y el bienestar de los trabajadores.
William Millán, directivo de la Confederación General del Trabajo y quien comparte la filosofía cooperativa, señala que el anuncio de Uribe de impulsar un proyecto de ley para obligar a las CTA a pagar parafiscales es insuficiente y que lo que se requiere es prohibirles todo tipo de intermediación laboral.
Por lo pronto, ya hay un borrador del proyecto que será discutido en la Comisión de Concertación, donde participan el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, pues el Presidente desea que la iniciativa llegue al Congreso con el respaldo tripartito, pero, como advirtió Palacio, en materia de estándares laborales hay discrepancias entre todos.
No obstante, ni el Gobierno ni los empleadores pueden olvidar que los demócratas tienen la sartén del TLC por el mango y que una de sus exigencias es ajustar las normas laborales.
- COOPERATIVAS VS EMPRESAS TEMPORALES
Las CTA y las EST se acusan mutuamente de atropellar a los trabajadores, y cada una se declara defensora de sus intereses y justifican su existencia con diferentes argumentos. Las primeras, según Luis Avendaño, gerente de Outsourcing Asociados, "no son empresas intermediarias de trabajadores, sino empresas de sus trabajadores".
Las EST, agrega, son organizaciones de terceros que contratan mano de obra barata para colocarla a un mayor valor en empresas usuarias para lucrarse con el trabajo ajeno.
Los defensores de las EST, por su parte, alegan que responden a las necesidades temporales de las empresas para llenar vacantes por vacaciones o licencias del personal de planta y a los aumentos estacionales de la producción.
Para las EST, las CTA intermediarias y las empresas que las contratan obtienen ganancias por los menores costos de producción derivados del no pago de las prestaciones sociales de los trabajadores ni de los aportes parafiscales.
- IMPONDRÍAN SANCIONES POR NO SUMINISTRAR INFORMACIÓN
Las EST, enfatiza el presidente de Acoset, Miguel Pérez, son las únicas autorizadas legalmente para intermediar en el mercado de trabajo, lo que implica que son los verdaderos empleadores, cuyas relaciones con los trabajadores están regidas por el código laboral.
Pérez reconoce la existencia de EST piratas que, dice, no solo les hacen daño a los trabajadores, sino a todo el sector que opera dentro de la legalidad.
Sin embargo, para el Gobierno y los trabajadores el problema no son solo las EST de garaje, sino también aquellas que a pesar de estar registradas en el Ministerio de la Protección, no cumplen con la obligación de suministrarle, cada trimestre, información sobre aspectos claves como el número de trabajadores a su servicio.
Por ello, según fuentes oficiales, es que se presenta una gran disparidad en las cifras sobre el volumen de trabajadores, lo que se ha hecho evidente en los últimos meses.
Las mismas fuentes no descartaron que comiencen a aplicarles sanciones a cientos de EST formales que no cumplen oportunamente con el envío de la información.
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